
Conversatorio Virtual: «Iniciativa para la Finalización de la Acción Contra las Minas Antipersonal en Ecuador y Perú»
17 de febrero de 2022
El Perú fortalece sus capacidades nacionales en prevención y combate al tráfico ilícito de armas de fuego con cooperación de OEA
24 de febrero de 2022El Consejo Permanente de la OEA consideró la grave situación del país centroamericano
Nota de Prensa 037 – 22
El Perú respaldó la declaración presentada hoy ante el Consejo Permanente de la OEA que expresa la consternación por la muerte del ciudadano nicaragüense hugo Torres, ocurrida en Nicaragua el pasado 12 de febrero, y reitera el llamado para la liberación de presos políticos en ese país.
El señor Torres era un preso político y había sido arrestado en junio y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas.
La declaración fue presentada, además del Perú, por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Durante la sesión, la defensora de loa derechos humanos en Nicaragua, Bianca Jagger, indicó que es imperativo que los Estados Miembros de la OEA “transmitan al régimen de Ortega y Murillo que la región rechaza su actuación dictatorial, sus crímenes de lesa humanidad, sus graves violaciones a los derechos humanos y sus transgresiones a los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
Al respecto, el Representante Permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, resaltó el compromiso del Gobierno peruano con la democracia en Nicaragua y con todos los esfuerzos que contribuyan a una solución sostenible de la crisis política que hoy vive el país centroamericano, así como la liberación de los presos políticos.
Asimismo, Harold Forsyth recalcó que los derechos humanos no tienen ideología, siendo lo importante que los gobiernos promuevan su protección y desarrollo como la línea de conducta y el “paradigma ético que debe primar en la Organización de los Estados Americanos”.