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Declaración del Grupo de Lima

Declaración Conjunta

Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, y del Ecuador y El Salvador, países observadores, reunidos de manera virtual, comprometidos en contribuir a la recuperación de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela y a aliviar la crisis multidimensional que padece la población venezolana, declaran lo siguiente:

1. Renuevan su apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas, y destacan su evidente voluntad y compromiso por contribuir a la transición democrática, conducida por los propios venezolanos, como único camino para alcanzar la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela.

2. Expresan su firme rechazo a la persistencia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de celebrar elecciones parlamentarias sin las mínimas garantías democráticas y sin la participación de todas las fuerzas políticas. Reiteran que la democracia se restablecerá plenamente en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, que incluyen un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, garantías de seguridad para los votantes, un censo electoral actualizado, la plena libertad de prensa y acceso a los medios de comunicación, la participación política de todos los venezolanos, acompañadas de observación electoral internacional independiente.

3. Manifiestan su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que comprende presuntos crímenes de lesa humanidad, documentadas en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 16 de septiembre último, el Informe ante dicho Consejo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reafirman su respaldo a la resolución 45/20 de ese Consejo que renovó por dos años el mandato de dicha Misión Internacional a fin de que esta continúe profundizando sus tareas de investigación y análisis.

4. Recomiendan que el informe de la Misión Internacional Independiente pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Asimismo, que a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección.

5. Expresan la urgencia de que se investigue a fondo las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, y hacen un llamado a las autoridades internacionales competentes a redoblar sus esfuerzos sobre este asunto.

6. Reconocen la dimensión y complejidad de la crisis humanitaria, económica, política, social y ambiental en Venezuela, la cual viene siendo agravada por los efectos de la pandemia, así como su impacto en la seguridad y estabilidad de la región y sus implicaciones internacionales. Saludan la labor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y reiteran la necesidad que el régimen respete los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia para reforzar la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias. Asimismo, reiteran la importancia de apoyar los esfuerzos de los países de acogida en la región con los migrantes y refugiados venezolanos, y hacen un llamado a las fuentes cooperantes a redoblar su apoyo a la respuesta humanitaria frente a la crisis multidimensional que se evidencia en Venezuela.

7. Reitera que persistirán en procurar converger con otros actores internacionales para movilizar una respuesta común de la comunidad internacional que contribuya a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho, que ponga fin a la usurpación, incluyendo las condiciones para una salida pacífica de la crisis, liderada por los propios venezolanos.

Statement from the Lima Group

The Governments of Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru and Venezuela, members of the Lima Group, and of Ecuador and El Salvador, observer countries, committed to contribute to the recovery of democracy in the Bolivarian Republic of Venezuela, alleviate the multidimensional crisis suffered by the Venezuelan population, and:

1. Renew their support to President Juan Guaidó and the National Assembly, as legitimate and democratically elected authorities, and highlight their evident will and commitment to contribute to the democratic transition, led by the Venezuelans themselves, as the only way to achieve institutional, economic and social reconstruction in Venezuela.

2. Express their firm rejection of the persistence of the illegitimate regime of Nicolás Maduro of holding parliamentary elections without the minimum democratic guarantees and without the participation of all political forces. They reiterate that democracy will be fully restored in Venezuela through free, fair and credible presidential and parliamentary elections, which must include an independent National Electoral Council, an impartial Supreme Court, guarantees of security for voters, an updated electoral census, full freedom of the press and access to the media, political participation of all Venezuelans, accompanied by independent international electoral observation.

3. Express their condemnation of the systematic violations of human rights perpetrated by the illegitimate regime of Nicolás Maduro, which include presumed crimes against humanity, as documented in the report of the Independent International Fact-Finding Mission of the United Nations Human Rights Council of September 16, 2009, the Report to the Council of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and reaffirm their support for resolution 45/20 of the Council, which renewed the mandate of the International Fact-Finding Mission for two years, so that it may continue to deepen its research and analysis.

4. Recommend that the report of the Independent International Mission may be the subject of the preliminary examination of the situation in Venezuela carried out by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. Likewise, that in light of the findings of these investigations, those responsible for these crimes be tried and that the victims and witnesses receive due reparation and protection.

5. Express urgency for a thorough investigation of the illegitimate regime’s connections with organized crime, terrorism, transnational corruption networks, drug trafficking, human trafficking and smuggling. They call on the competent international authorities to redouble their efforts in addressing this issue.

6. Recognize the dimension and complexity of the humanitarian, economic, political, social and environmental crisis in Venezuela, which is being aggravated by the effects of the pandemic, as well as its impact on the security and stability of the region and its international implications. They welcome the work of the Pan American Health Organization (PAHO) and reiterate the need for the regime to respect the humanitarian principles of neutrality, impartiality and independence in order to strengthen the response capacity of humanitarian organizations. Likewise, they reiterate the importance of supporting the efforts of host countries in the region with Venezuelan migrants and refugees, and call on cooperating donors to redouble their support for the humanitarian response to the multidimensional crisis that is evidenced in Venezuela as a whole.

7. Reiterate that they will persist in seeking to converge with other international actors to mobilize a common response from the international community that will contribute to the defense of human rights in Venezuela and to the urgent restoration of democracy and the rule of law, which will put an end to the usurpation, including the conditions for a peaceful solution to the crisis, led by the Venezuelans themselves.

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